El 90% de los vigilantes de seguridad privada de puertos y aeropuertos tendrá que trabajar. Era el único servicio mínimo oficial conocido el 4 de noviembre para la huelga general del miércoles 11, fijado por Interior en una resolución publicada en el BOE. Afecta solo a la seguridad privada, no a las plantillas de aerolíneas ni de puertos.
La huelga es de 24 horas y de ámbito estatal. La convocan CCOO y UGT, con apoyo de CGT, CNT, el sindicato de inquilinas y, en Canarias, Intersindical Canaria y otras organizaciones. STEC-IC ha registrado preaviso para la enseñanza pública no universitaria.
Vanesa Frahija (CCOO) y Manuel Navarro (UGT) hablan de salarios que no siguen al coste de la vida y de una vivienda inaccesible. Según CCOO, entre el 33% y el 36% de la población activa canaria cobra el salario mínimo. Los sindicatos recuerdan las 211.000 viviendas vacías del censo. “No queremos más cemento”, resumió Navarro.
La convocatoria llega a 18 días de las generales del 29 de noviembre. Los sindicatos la definen como “estrictamente laboral”, aunque con dimensión política. Pedro Alfonso, de CEOE Tenerife, ve un “marcado cariz político”, y CSIF, USO, Fetico, SLT y Valorian no se suman. BBVA Research calcula un impacto de entre 1.680 y unos 3.300 millones según la participación.
A 5 de noviembre no había mínimos publicados en el BOC para guaguas, ferris, colegios ni sanidad. Los de vuelos y transporte estatal dependen del Ministerio de Transportes. La atención urgente está garantizada. Quien vuele el 11 debe confirmar con su aerolínea: hay derecho a reubicación o reembolso, pero normalmente no a compensación.