Más de 12 GW. Es la capacidad de acceso a la red ya concedida en España a centros de datos, frente a los 3,5-4 GW que prevé la Estrategia de IA para 2030. El propio Gobierno admite que no hay red ni necesidad de cómputo para tanto.
El real decreto superó el 6 de noviembre su último trámite consultivo, con dictamen unánime del Consejo de Estado. Ahora irá al Consejo de Ministros, y el Gobierno quiere aprobarlo antes de las generales del 29 de noviembre.
Los centros de más de 10 MW deberán cubrir su consumo sobre todo con energía limpia, mediante autoconsumo o PPA de al menos seis años, hasta que el mix llegue al 90% renovable. Tendrán que casar hora a hora el 80% de su consumo con generación renovable o entrar en un régimen transitorio de hasta cinco años dentro del SRAP de Red Eléctrica, que no se retribuye y los desconecta los primeros. Los datos de sistemas de categoría alta del Esquema Nacional de Seguridad deberán quedarse en la UE o el EEE.
La memoria del decreto calcula que, con 10 GW de centros en 2030 en lugar de 1, los ciclos combinados funcionarían un 107% más y las emisiones subirían un 65%. La versión final da más margen: seis meses para renunciar a permisos sin penalización y 36 meses en lugar de 18 para conectarse a nueva generación.
Begoña Villacís, de SpainDC, acusó al Gobierno de estar “firmando la muerte del sector a sabiendas”. La patronal alega reservas jurídicas y recuerda las objeciones de la CNMC.