Un informe del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN), difundido a finales de junio, pone cifras a lo que residentes y asociaciones vienen denunciando desde hace años: el acceso a la vivienda en Canarias se ha vuelto, para amplias capas de la población, casi imposible. El documento analiza el periodo 2013-2026 cruzando datos de alquiler, compraventa, vivienda vacacional, grandes tenedores y vivienda protegida.
El dato más contundente afecta al alquiler: el precio de oferta ha subido un 143% en trece años, al pasar de 6,40 euros por metro cuadrado al mes en 2013 a 15,56 euros en 2026 — casi el doble del incremento medio estatal, que se quedó en el 83,5%. Canarias aparece así como la tercera comunidad autónoma donde más ha subido el alquiler en términos relativos, solo por detrás de Baleares y la Comunitat Valenciana. Para una vivienda media de 70 metros cuadrados, con un precio en torno a los 1.089 euros al mes, una persona menor de 25 años con salario medio destinaría el 89% de su sueldo al alquiler, según la Encuesta de Estructura Salarial del INE.
La presión turística agrava aún más el desequilibrio: mientras en Arico el alquiler se sitúa en 7,7 euros por metro cuadrado, en San Bartolomé de Tirajana asciende a 22 euros, y en Tías, en Lanzarote, alcanza el máximo absoluto de 23,3 euros. Entre los municipios más caros figuran también Mogán, Yaiza, Teguise, La Oliva, Pájara, Adeje y Arona — todos ellos destinos turísticos de primer nivel. Complica el panorama el peso del alquiler de temporada, que en junio de 2026 representaba el 44,9% de los anuncios publicados en el archipiélago (con picos del 60% en Lanzarote), y el de las viviendas vacacionales registradas: 73.077 en todo el archipiélago, en torno al 7% del parque residencial, es decir, una vivienda de cada catorce. Tenerife concentra el 42%, con municipios como Yaiza donde las viviendas turísticas llegan a cubrir el 57,6% del total.
Comprar una vivienda también está cada vez más lejos: el precio de venta ha subido un 139% desde 2013 (de 1.359 a 3.253 euros por metro cuadrado), y un piso tipo de 90 metros cuadrados cuesta hoy unos 292.752 euros. Con un salario mediano canario de 19.804 euros anuales, harían falta 14,8 años de sueldo íntegro para comprarlo. A esto se suma la concentración de la propiedad en manos de los llamados "grandes tenedores" (propietarios de más de diez inmuebles), que acumulan el 8,2% del parque residencial canario —casi el doble de la media estatal— y el peso de la compra extranjera, que en el último trimestre de 2025 alcanzó el 23,12% de las transacciones, frente al 13,52% de la media española.
En cuanto a los desahucios, el informe registra 1.426 lanzamientos en 2025 (39.302 en todo el periodo 2013-2025): una cifra que ha caído un 67% desde 2013, pero con un perfil distinto, ya que el 79,2% de los desahucios actuales se debe al impago del alquiler, y no ya a causas hipotecarias. Frente a este escenario, la vivienda protegida sigue siendo el talón de Aquiles de las políticas de vivienda canarias: solo 476 viviendas protegidas finalizadas entre 2015 y 2024 (unas 53 al año, con cinco años sin ninguna), apenas el 0,55% del total nacional pese a que Canarias representa el 4,7% de la población española. La legislatura actual ha entregado hasta ahora 248 viviendas públicas de una cartera total de 4.031, de las que casi dos mil siguen en construcción. Mientras tanto, sigue activo el Bono Alquiler Joven, de hasta 250 euros mensuales durante dos años para quienes tienen entre 18 y 35 años — una medida paliativa, según los observadores, frente a lo que el informe define sin rodeos como una crisis estructural de acceso a la vivienda.